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Ha pasado ya más de una semana desde que el Ayuntamiento de Blanes decidiera declarar una guerra tan injusta como innecesaria a Sa Costa Barrakes. Desde entonces, poco (nada) se ha avanzado. A día de hoy, no hay Barrakes para la Festa Major 2011.

Y no las hay por culpa, única y exclusivamente, del equipo de gobierno del Ayuntamiento. Me podrán decir que no soy objetivo y que tengo una visión sesgada… puede ser. Admito que nadie, y yo el primero, es del todo objetivo. Porque la objetividad absoluta es sinónimo de ausencia de opinión. Algo que siendo una virtud en un periodista, sería un defecto en un simple ciudadano como yo. De todos modos creo que el análisis de los hechos, más allá de mi indiscutible imparcialidad, no deja lugar a dudas.

No voy a entrar en detalles que la mayoría ya conocéis sobradamente. Basta con poner como ejemplo a nuestro alcalde diciendo públicamente que dejar las Barrakes en el campo de fútbol era “innegociable”. Toda una muestra de talante y predisposición a la negociación y el acuerdo. Es muy recomendable que quien tiene el poder no olvide nunca que, en democracia, todo es negociable. Y cuando algo beneficia a una mayoría, no sólo es negociable. Además, es legítimamente exigible.

Finalmente se tensó la cuerda hasta que la Associació no tuvo más opción que cancelar el evento. Fue Sa Costa Barrakes quien tomo la decisión, sí, pero todos sabemos por qué y por culpa de quién. Al malo de la película ya lo conocemos, y esta vez no es precisamente el mayordomo…

Los últimos días han sido un recital antológico de palos de ciego. Primero, dicen que ellos no han roto negociaciones (lógico, si no las has ni empezado cómo las vas a terminar…) y que habrá Barrakes, con o sin los Barrakistas. Teniendo en cuenta que Sa Costa Barrakes aporta el 40% del presupuesto total, que el consistorio había anunciado recortes en su aportación, y que sin los jóvenes para organizarlo todo gratis, debería ser una empresa privada quien hiciera ese trabajo (y ese trabajo cuesta varios miles de euros), la afirmación resultaba irreal, económicamente inviable y poco menos que utópica.

Después del patinazo, nuevo cambio de idea: ofrecer a Sa Costa Barraques una nueva ubicación: en La Plantera, en unos terrenos situado entre la Avd. Catalunya y el C.P. Napoleón Soliva. Un cambio completamente absurdo, puesto que en esa zona hay tantos vecinos o más que en Els Pins, y además requeriría una fuerte inversión en infraestructuras para poder realizar el festival. Si el motivo del cambio son las molestias a los vecinos, ¿qué sentido tiene llevarlas a unos cientos de metros, a un lugar también rodeado de vecinos, y que además no tiene infraestructuras? Mismas molestias y mucho más gasto… ¿cómo se justifica algo así?

No se puede improvisar de esta manera. No es de recibo. Ayer negro, hoy blanco, mañana gris y el domingo a misa y Dios dirá… Antes de tomar una decisión, hay que prever sus consecuencias y sobre todo, las soluciones a los posibles problemas.

Pero de todos los errores que ha cometido el equipo de gobierno en este asunto, el peor de todos ha sido su intento de coartar la libertad de expresión. Este es tema muy serio. Aquí ya no hablamos de si hay o no conciertos o si se mutila la fiesta mayor… hablamos de no permitir expresarse a los ciudadanos. Y eso, sencillamente, es intolerable.
Miembros de la plataforma Salvem Barrakes, han organizado durante estos días y noches repartos de octavillas informativas, así como la pega de cientos de carteles. En estos carteles no hay ningún mensaje ofensivo, ni nada que incite a la violencia; simplemente el logo de la plataforma junto a la frase “Les Barrakes NO es mouen”. Las personas que han pegado esos carteles, además, han tenido el suficiente criterio como para colocarlos (salvo alguna excepción) en zonas habilitadas para ello. Para muestra un botón:

Pues bien, todos estos carteles, a las pocas horas de ser pegados, desparecen. O mejor dicho, los quitan, porque ya no tengo edad para creer en la magia. A esto se le llama censura. Es un atentado a libertad de expresión. Una falta de respeto a los ciudadanos y un insulto a la democracia. Es del todo inaceptable que se intente silenciar un movimiento juvenil de protesta pacífica que ellos mismos han generado por su deficiente gestión de un problema resoluble.

Ya les digo desde ahora que no los conseguirán callar, y que por cada cartel que quiten aparecerá otro en su lugar. Así que si piensan seguir jugando a Torquemada con sus tácticas fascistoides, ármense de paciencia porque va para largo. Y digo más: es evidente que ver a tu Ayuntamiento actuar así no invita precisamente a tenerles mucha confianza. Y mucho menos a darles el voto.

Igualmente grave es quién está quitando esos carteles. Porque, sinceramente, nadie se imagina a los miembros del equipo de gobierno yendo de madrugada a eliminarlos. ¿Entonces quién? Pues muy sencillo: lo están haciendo los trabajadores de los equipos de limpieza municipales (NORA). En sus propias palabras, “tenemos órdenes de retirarlos TODOS”, estén en lugares legales o no.

Alguien debería pedir explicaciones a este gobierno en el próximo pleno. Porque los servicios municipales no están para quitar carteles legales de lugares legales. No son elementos de represión contra la libertad de expresión. No, señores de CiU. Los trabajadores del municipio no son esbirros ni lacayos a quienes encargar el trabajo sucio. Si se les cae a pedazos su decorado de oasis neo-burgués y peligran sus resultados electorales, es su problema. Haberlo pensado antes de provocar esta situación.

Los equipos municipales están para limpiar el pueblo, no para limpiar la imagen de su gobierno y de su partido. Es un hecho extremadamente grave, incluso diría que un delito, usar recursos públicos para beneficio personal o partidista.

Los servicios de NORA los pagamos TODOS, incluídos los blandenses que están pegando esos carteles. Y ni el Ayuntamiento ni mucho menos CiU tienen ningún derecho a usarlos como herramienta electoralista para tapar sus vergüenzas, y de paso vulnerar el derecho democrático a expresarse libremente del pueblo de Blanes.

La democracia tiene estas cosas, señores de CiU. La pueblo opina y los políticos lo asumen, no lo silencian cuando no les conviene, y menos aún con dinero público. Su actitud es vergonzosa, lamentable e indignante. Si no les gustan las reglas del juego, simplemente no jueguen. Abandonen el tablero y dejen la partida a otros más capacitados para ello. Blanes y la democracia se lo agradecerán eternamente.

Anda la sociedad digital española subiéndose por las paredes, y no sin razón. La Ley Sinde es una atropello a las libertades individuales de tal calibre que incluso supera por varios cuerpos al canon digital, bonito eufemismo para denominar algo que más bien parece un impuesto revolucionario.

Las iras se centran muy especialmente en determinados artistas que, más allá de defender con vehemencia esta ley de tintes fascistoides, se han dado el lujo de insultar públicamente tanto a ciudadanos de a pie como a políticos, los mismos políticos que finalmente va a satisfacer sus demandas. No estaría de más saber a qué se debe el cambio de opinión de PP y CiU y su apoyo actual a la ley en Congreso y Senado. Tengo tendencia a dudar que lo que ayer era malo, hoy sea bueno como por arte de birlibirloque.

Tampoco estaría de más que algunas voces desde el PP se ahorrarán la demagogia de aplaudir en las redes sociales el (buen) discurso de Álex De la Iglesia en la gala de los Goya, cuando lo que De la Iglesia criticaba va a salir adelante con su voto favorable. A dios rogando y con el mazo dando…

Pero el mayor problema de todo este “movimiento Pro-Sinde” no es que defiendan sus privilegios como si de derechos inalienables se tratara. Al fin y al cabo, es legítimo que cada cual defienda sus intereses.

El verdadero problema es que por no ver más allá de su nariz, por la ceguera que les causa la avaricia y/o por esa obsesión en creer que sólo ellos tienen la razón y el resto somos simplemente ladrones o frikis, han abierto la puertas a la censura del siglo XXI y se han convertido en cómplice necesario de un ataque directo a nuestras libertades como ciudadanos y como pueblo. Creo que a los artistas les han señalado la luna, y se han quedado mirando al dedo. Los que una vez fueron llamados con intención despectiva “titiriteros” por el anterior gobierno, han pasado a ser las marionetas del gobierno actual.

Porque son sólo una cortina de humo, la excusa perfecta para sacar adelante una ley en la que el menor de los problemas, aunque sea la parte más mediática de la polémica, es poder o no poder descargar y compartir determinados archivos de contenido audiovisual. Han sido (conscientemente o no, prefiero pensar lo segundo…), el Caballo de Troya ideal para introducir en nuestra legislación a la Inquisición Digital.

La censura y la falta de garantías jurídicas vuelven a este país. Y para colmo de males vuelven de la mano de un gobierno que dice ser “de izquierdas” (y lo hacen sin sonrojarse, lo cual hay que admitir que tiene su mérito) y apoyado por los artistas. Esos artistas que, durante la injustificable e imperdonable guerra de Iraq, decían en voz alta -y con toda la razón del mundo- que “Ganar las elecciones no es un cheque en blanco. Tienen la obligación de escuchar al pueblo”. Incluso algunos de ellos, cuando eran más jóvenes (y más pobres, me atrevería a decir), lucharon contra la censura franquista. Sin embargo, ahora defienden la censura digital. Y en este tema concreto, ya no les parece tan claro eso de que el gobierno tenga la obligación de escuchar al pueblo.

Defender los privilegios de unos pocos nos costará la censura para todos. Perderemos libertad una vez más. Se eliminan de un plumazo las garantías judiciales propias de un estado de derecho para crear una suerte de Tribunal Inquisitorial en forma de comisión ministerial que decidirá aleatoriamente a qué debemos tener acceso en Internet y a qué no, y por lo tanto cercenará no sólo la libertad de expresión, también el derecho a la información.

Por si esto fuera poco, esa comisión ministerial estará formada por miembros escogidos a dedo por la Industria (Academia de Cine, SGAE y compañía) y el Ministerio de Cultura. No se puede ni se debe, en democracia, ser juez y parte. Pero la idea base es: “como los jueces no me dan la razón, me los quito de en medio”. No suena muy democrático.

Deben creer los artistas que el Gobierno les está devolviendo el favor que le hicieron en la última campaña electoral, con el famoso anuncio de “la ceja”. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que los está utilizando como coartada para una ley que, más que proteger la propiedad intelectual, lo que busca es mutilar la libertad intelectual en la red. No quieren más Wikileaks.

¿Alguien cree que con la Ley Sinde aprobada, no se hubiera impedido el acceso a mucha de la información publicada por Wikileaks? Tan sencillo como alegar que esos documentos pertenecen al Gobierno de EEUU y que Wikileaks no tiene licencia para publicarlo. Todo está ideado por y para los poderosos lobbys audiovisuales estadounidenses, no para proteger a los autores.

Dentro de unos años, pongamos tres o cuatro, deberíamos saber cuántas de las webs que va a cerrar la Ley Sinde serán páginas de descargas de música o cine, y cuántas serán páginas de información alternativa o de contenido político incómodo. Y la relevancia de unas y otras: porque no es lo mismo cerrar un blog con cuatro enlaces a discos descatalogados que cerrar Wikileaks.

Se admiten apuestas…

Miky Corregidor